Los imputados tiraron 4 millones de litros de residuos al año durante dos décadas

El Juzgado de instrucción número 1 de Llanes ha solicitado tres años de prisión, con inhabilitación especial para la profesión de criador de ganado durante dos años, para un empresario local como presunto autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al haber realizado vertidos ilegales de purines junto a la localidad de La Pesa de Pría. La juez, que ha remitido la causa a un Juzgado de lo penal de Oviedo, ha solicitado la misma pena para un empleado de la explotación. El auto de la juez instructora incluye la petición de una multa de 18 euros diarios durante 18 meses (unos 9.720 euros) para cada uno de los dos acusados, los cuales ya han tenido que aportar fianzas entre los 3.000 y los 30.000 euros.

La juez considera que los responsables de la explotación agrícola denunciada han vertido presuntamente durante casi dos décadas más de cuatro millones de litros de purines al año -principalmente de cerdos- en terrenos y fosas de La Pesa de Pría. Los vertidos podrían haber afectado a los acuíferos de la zona y a la desembocadura del río Guadamía, según la denuncia inicial, presentada en 2007 por la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), y las conclusiones del fiscal. El vertido contaminante podría haber afectado también a la fuente de Los Milanos y a un terreno comunal calificado de especial protección por Costas.

El colectivo vecinal denunciante ha pedido que testifiquen diferentes personas afectadas y un perito, así como el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, y la alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo. AVALL considera «fundamental» el testimonio de Trevín, ya que como Alcalde durante varios años del municipio era «conocedor directo del problema» e, incluso, llegó a «firmar con otras personalidades un documento para la pronta recuperación de la fauna del río Guadamía». Por otro lado, Álvarez Campillo podría testificar sobre «el estado del hábitat previo a los daños» y para informar al Juzgado acerca de los motivos por los cuales su Administración «no llevó a cabo las acciones pertinentes en defensa del patrimonio natural devastado».

Los representantes de AVALL María José Rodríguez y Domingo Goñi se mostraron ayer «satisfechos» con las medidas de la justicia» y explicaron que el colectivo había solicitado cuatro años de cárcel para el propietario de la explotación y una multa más elevada. Además, la agrupación solicitaba la recuperación de cuatro zonas naturales, mientras que el auto de la juez considera sólo tres. «La intensidad del trabajo en la granja es la misma que hace años, sólo que ahora vierten en otros sitios. Lo recoge otra gente -que tampoco son gestores autorizados- y lo lleva para la zona de Posada», aseguraron.